Reclasificación de delitos dispara liberación de reos

 

Desde la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Justicia Penal, hay un total de 22 mil 888 imputados en todo el territorio nacional, pero apenas un total de 303 personas han sido sentenciadas por algún tipo de delito federal. Sin embargo, un total de cuatro mil 816 imputados disfrutan de alguna medida cautelar fuera de prisión.

De las sentencias emitidas, un total de 225 fueron condenatorias, mientras que 78 fueron absolutorias al no poder comprobar la PGR los delitos que se imputaban.

La medidas cautelares impuestas con mayor frecuencia son la presentación periódica ante un juez federal, el pago de una garantía económica, la prohibición de salir del país, el sometimiento al cuidado de alguna autoridad, así como la prohibición de convivir con determinadas personas.

También, la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga.

A compromiso

Incluso, un total de 16 de cada 100 causas penales por delitos, como la portación de armas de fuego, contra la salud o el robo de hidrocarburos, han tenido una solución alterna que no es la prisión y se han resuelto mediante el compromiso de no poseer o portar armas, prestar un servicio social, residir en algún lugar determinado, conseguir trabajo o someterse a algún tipo de vigilancia.

Así, y de acuerdo con información estadística del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), del total de causas penales que se llevan actualmente 15.8% se encuentra dentro de la figura denominada “suspensión condicional” y un total de 853 causas finalizaron por esta vía.

Y es que un total de 55.5% de los delitos en causas penales presentadas ante los Centros de Justicia Penal Federal (CJPF) de todo el país son por portación de arma de fuego, le siguen los relacionados en contra de la salud y posteriormente el robo de hidrocarburos.

Según datos del Poder Judicial de la Federación, también sobresalen, aunque en menor medida, los delitos fiscales, contra el medio ambiente, secuestro, tráfico de personas, así como los ilícitos patrimoniales.

En los últimos meses se ha ampliado el debate sobre los beneficios fuera de prisión para procesados por delitos no graves dentro del Nuevo Sistema de Justicia e, incluso, se ha hablado sobre el tema de la llamada “puerta giratoria” para los delincuentes.

Piden modificar el catálogo

Desde el Congreso de la Unión también se han presentado llamados para modificar el catálogo de delitos graves e incluir de nueva cuenta el de la portación de armas como uno de ellos para evitar que los imputados abandonen la cárcel.

Ante esto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José Ramón Cossío puntualizó que sería una regresión ampliar el catálogo de delitos graves dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), como diversas organizaciones y funcionarios han planteado.

Cossío Díaz hizo un llamado a los poderes Ejecutivo, Legislativo y al propio Judicial así como a las autoridades estatales, a realizar un pacto de Estado para sacar adelante el NSJP, hacer una autoevaluación seria y no distribuir culpas sobre las fallas en el sistema pues, de seguir así, la sociedad mexicana seguirá padeciendo.

“Introducir un nuevo catálogo de delitos me parece, lo digo con mucho respeto, que podríamos entrar en condiciones como las que tuvimos en el pasado. Puede empezar el legislador ese camino, pues está en todas sus competencias de hacerlo, pero no creo que sea un buen camino”, señaló.

También, el consejero de la Judicatura Federal José Guadalupe Tafoya lamentó que existan voces que cuestionan la operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y apuestan a su descarrilamiento.

Sostuvo que la sociedad en general debe recordar que el NSJP se encuentra en proceso de consolidación y que día a día impulsa un cambio cultural que implica abandonar un formato arcaico de impartir justicia que privó por más de un siglo.

“Habrá que analizar en el campo de la serenidad dónde se encuentran áreas de oportunidad, si se requieren reformas legales proponerlas, si el Ejecutivo habrá de implementar medidas administrativas, habrá de consensuarlas. A los operadores de este sistema les toca dar los impulsos de ariete. Habremos de construir una nueva cultura de legalidad”, indicó Tafoya Hernández.

Para organizaciones de la sociedad civil, como el Centro Prodh y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, las reformas han traído avances jurisprudenciales y buenas prácticas, al mismo tiempo que se han enfrentado a resistencias y falta de penetración y aplicación adecuada, sobre todo en las entidades federativas.

“Hay un importante camino a recorrer para lograr la correcta implementación del NSJP y la transformación de las prácticas viciadas del sistema de procuración de justicia. Diversos indicios apuntan a la necesidad de poner especial atención en el uso del procedimiento abreviado y otros aspectos del proceso que pudieran dar cuenta de la perpetuación, incluso en el NSJP, de prácticas viciadas como la tantas veces denunciada confección de pruebas ilícitas”.

 

 

 

 

 

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